El texto del informe Auken, presentado este miércoles ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, insta al gobierno central y a los autonómicos a que se aplique una moratoria a todos los proyectos que no respeten las leyes europeas. Durante la votación, el eurodiputado Willy Meyer ha querido leer una enmienda oral que citaba al Gobierno de Aragón como ejemplo de "legislación a la carta", pero los socialistas la han rechazado.
Bruselas.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado este miércoles un informe en el que critica con dureza la “urbanización masiva” de España y en el que se sugiere suspender las ayudas de la UE al país en caso de que no se tomen medidas al respecto. Además, el texto, que ha contado con la oposición del PP y del PSOE, exige una moratoria para todos los proyectos urbanísticos que no se plieguen a las leyes europeas.
El informe, que ha sido redactado por la europarlamentaria danesa de Los Verdes, Margaret Auken, recoge principalmente proyectos desarrollados en la Comunidad Valenciana, sin embargo son varias las comunidades autónomas que se han visto relacionadas con este dossier.
En el caso de Aragón, Auken ha incluido en su informe la demanda presentada por el diputado de IU en las Cortes de Aragón, Adofo Barrena, ante la CE y en la que aparecen proyectos urbanísticos como las distintas actuaciones en las estaciones de esquí de Panticosa y Formigal, la ampliación de Cerler a través de Castanesa, actuaciones en Gúdar-Javalambre, Camarena de la Sierra y San Agustín, la ampliación del área metropolitana de Zaragoza y la escasa reserva de suelo en la capital aragonesa. Junto a estos desarrollos urbanísticos, IU añadió el proyecto Gran Scala que este miércoles ha salido a relucir durante la votación.
El eurodiputado de IU, Willy Meyer, ha intentado leer una enmienda en la que se citaba al Gobierno de Aragón como un modelo de legislación “a la carta”. Sin embargo, los diputados del PSOE, haciendo uso del reglamento, la han bloqueado y no se ha procedido a su votación. Meyer ha comentado al finalizar la comisión que “ha habido una enmienda oral que no se nos ha admitido por parte del partido socialista español concretamente, no del europeo, y que pretendía señalar que en España se ha legislado a la carta conforme al los intereses especulativos, y concretamente, queríamos poner el ejemplo de Gran Scala señalando la responsabilidad del Gobierno de Aragón en esta legislación a la carta”. Según Meyer, la ponente del informe, Auken, estaba de acuerdo con la lectura de la enmienda, extremo que ha quedado reflejado en el acta de la comisión.
En este sentido la socialista aragonesa, Inés Ayala, ha querido restar importancia al asunto y ha asegurado que el procedimiento de Meyer no se correspondía con el funcionamiento normal de las comisiones. “En una votación, las enmiendas orales no se dicen sobre la marcha”, ha explicado Ayala. “Me parece de una absoluta irresponsabilidad intentar incluir a río revuelto una enmienda oral que nadie conocía, solamente quien la estaba planteando”, ha añadido la aragonesa. Además, ha considerado que lo que Meyer planteaba era “nuevo” y que “no tenía nada que ver con el informe de la señora Auken”. Por último, Ayala ha explicado que el rechazo de la enmienda oral es un procedimiento “normal y cotidiano”.
La comisión de peticiones se ha llevado a cabo en el parlamento de Bruselas
Un informe muy crítico
El texto de la eurodiputada danesa ha salido adelante con 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención y pasará ahora al Pleno de la Eurocámara, que lo someterá a votación el próximo mes de marzo para su aprobación definitiva.
Las principales enmiendas planteadas por el PP y el PSOE para suavizar el informe han sido rechazadas por el resto de parlamentarios, que sí han aprobado otras que hacen aún más contundente la crítica.
Las dos principales fuerzas políticas españolas habían presentado numerosas enmiendas que pretendían rebajar el tono crítico del informe y neutralizar el llamamiento a la Comisión Europea y al PE para que suspendan las ayudas a España si el urbanismo continúa violando las leyes europeas.
Finalmente, los votos de los socialistas y los populares de otros países han reforzado la línea más crítica del texto, que denuncia la “destrucción masiva” en las islas y zonas costeras mediterráneas a través del “cemento y el hormigón”.
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